Eva Belmonte empezó a escribir un libro de vaqueros y le salió un chorizo western del siglo XXI. Un catálogo de jinetes —y algún forajido— que cabalgan sin descanso entre lo público y lo privado; que comparten colegio y apellidos, cacerías, consejos de administración y carnés de partido; que provienen en algunos casos del franquismo, pero han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y convertirse en demócratas de toda la vida. Porque para hacer negocios, la capacidad de adaptación es mejor que un buen caballo.
Aunque el título definitivo del volumen responda a otra metáfora, Españopoly. Cómo hacerse con el poder en España (Ariel) tiene mucho de película de bajo coste. «Pensaba que la gente era malvada, pero lo que pasa es que la administración pública está llena de cutres en cargos muy importantes» resume Belmonte. «El pequeño Nicolás es el paradigma de lo que hay que hacer para llegar a ser uno de los nombres que aparecen en el libro».
La periodista forma parte de la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para lograr «una democracia más fuerte» promoviendo la transparencia y el acceso libre a los datos públicos. La editorial Ariel acudió a ellos y les propuso hacer un libro sobre sus proyectos. «Decidimos que sería interesante juntar el tema de Quién manda y El BOE nuestro de cada día y tratar los temas básicos de la estructura de poder en España y de sus partes más opacas», explica.
Indultos, corrupción, dinastías políticas, puertas giratorias y subvenciones a dedo. Todo lo que aparece en Españopoly es información pública, aunque no siempre publicada. Civio pone nombres y apellidos a los jugadores del gran Monopoly en el que se ha convertido España —el rey Juan Carlos I, Juan Miguel Villar Mir, los hermanos Arias Salgado, Rodrigo Rato, las familias March, Entrecanales y Botín…— y nos muestra sus cartas ganadoras.
Lancen sus dados. Pasen y lean.
Creo que la expresión «interés general» no aparece en todo el libro. Parece que no tenga nada que ver con el poder y la política.
Solamente se habla del interés general cuando se habla de los partidos de fútbol en abierto. Ese es el concepto de interés general en este país y es bastante significativo. En el decreto reciente que se ha aprobado sobre los derechos del fútbol se recuerda que hay una ley audiovisual[1] que regula el interés general: un partido en abierto de la Liga a la semana, la final de Copa… Ahora en campaña se habla mucho del interés general pero es cierto que no se tiene en cuenta. No tanto porque tú le puedas dar un contrato a un amigo y se beneficien unos pocos; en realidad hay montones de decisiones que se toman en este país y que nadie explica de dónde se sacan, qué estudios se han hecho para aprobarlas o si de verdad se ha analizado cuál es la mejor norma para todos. Estoy convencida de que la mayoría de las veces se aprueban leyes diciendo: «Pues yo creo que esto funciona»… y listo.
De la gente que se dedica a la política, ¿cuánta crees que lo hace para servir a los ciudadanos y cuánta para beneficiarse personalmente, aunque sea para saltar después al sector privado? En Españopoly hay muchos ejemplos de lo segundo.
Estoy convencida de que hay mucha más gente trabajando en lo público con buena voluntad que con intereses personales, pero también creo que hay mucha gente trabajando en lo público que no está preparada en absoluto para el cargo que tiene, y no es su culpa, sino de quien lo ha nombrado porque era amiguete o del partido. Hay más problemas por gente que no está capacitada y ha llegado por otras vías que por gente que de verdad tiene mala voluntad. También hay mucha gente que empieza en la política con buenísima voluntad y se va corrompiendo por el camino.
¿Apostamos por la tecnocracia entonces?
Aquí se ha vendido y nunca ha funcionado. Cuando Mas llegó al Gobierno después del tripartito en Cataluña hablaba del «gobierno de los mejores» (el govern dels millors): decía que serían todos súper especializados, súper técnicos… Cuando llegó el Gobierno de Rajoy se dijo lo mismo, y se ha demostrado totalmente lo contrario. Hay una cosa que no es tan llamativa como la corrupción y es lo mal que funciona la Administración pública en general: aprueban una ley y no cumplen sus propios plazos; hay errores graves que aparecen en el BOE, como cuando se equivocan aprobando una subvención y luego la tienen que volver a convocar; la poca previsión que hay en la contratación pública… Este tema del «gobierno de los mejores» que se vendió tanto con la derecha como en Cataluña es absolutamente mentira. No creo en absoluto que estos gobiernos hayan supuesto una mejora en la gestión de lo público.
¿Estarías a favor de legislar para exigir una cualificación mínima a los cargos públicos?
Sí haría unos mínimos: que tengan cierta experiencia. En todo caso es una cuestión que tienen que decidir los electores. En el caso de Manuela Carmena, por ejemplo, creo que mucha gente valora que sea jueza, que haya pasado por determinados ámbitos; si fuera una señora sin más, seguramente no sería tan valorada. Me llama mucho la atención que en la campaña electoral nadie te diga quién va a ser su ministro en determinadas áreas esenciales. Sanidad, por ejemplo. Tú eliges a un candidato y luego él coloca a quien le da la gana. Puedes pensar que en un partido hay gente muy preparada en determinadas áreas y luego ellos pueden colocar a su primo el del butano. Lo que tampoco es normal es que una persona sea ministro de Sanidad, Transporte o Economía en dos legislaturas distintas: es imposible que sepa de todo. Me gustaría que en las campañas hiciesen propuestas de Gobierno, sería más sincero. Como se hace con los vicepresidentes en Estados Unidos.
Has mencionado a Carmena. ¿Crees que con Podemos y Ciudadanos van a mejorar el reparto del poder en España? ¿Y la transparencia?
Desde el punto de vista de la transparencia o de la «limpieza democrática» siempre es bueno que lleguen nuevos actores, porque revisan ciertas tendencias que se han ido acumulando durante los años. Cuando en un sitio ha gobernado durante mucho tiempo un partido el margen de la corrupción es mucho más grande, porque nadie ha ido a revisar nada. Que tengan ciertas cuotas de poder pasadas las elecciones va a ser positivo.
Dicho esto, Podemos es un partido muy transparente, durante la campaña de las Elecciones Europeas (2014) presentó hasta la última factura. Eso no lo ha hecho nunca ningún partido en este país. Nunca, jamás. Ciudadanos es un partido absolutamente opaco, que hasta hace dos días ni siquiera había presentado sus presupuestos. Ahora sí los publican, pero con cifras muy genéricas; en eso son bastante similares a los partidos tradicionales. Lo que me preocupa de Podemos es la estructura que se ha creado, el liderato: por esa parte es muy parecido a los partidos tradicionales. A diferencia de todos los círculos que tiene de base, a la hora de elegir las personas que iban a dirigir el partido se presentaban listas cerradas. Si esta gente gobierna dentro de unos años, me da miedo que el Consejo de Ministros sea un grupito de amigos de la Universidad Complutense, una versión 2.0 de El Pilar.
Cambio de tema. Cada día nos enteramos de un nuevo caso de corrupción —el libro menciona especialmente los que tienen que ver con subvenciones y obras públicas—, pero parece claro que muchos ciudadanos sin cargo público han sido cómplices.
Y además a muchos niveles. Cada vez que se habla de un contrato público que está implicado en un caso de corrupción interviene muchísima gente: un interventor, la mesa de adjudicación… Hay mucha gente que te dice: «Bueno, pero esto que contáis de la corrupción ya se sabe, pasa en todos los lados». ¿Y por qué nadie levanta la cabeza para denunciarlo? Claro, no es fácil levantarla porque te la pueden cortar, pero es muy sorprendente que tanta gente haya participado en los procesos más allá del concejal de turno. Por ejemplo, se habla mucho de los concejales pero no de la empresa que recibe el contrato. Mucha gente te dice: «Si estuvieras en el poder, tú también robarías».
Martínez Pujalte dijo en una entrevista que recibir dinero de una constructora mientras era diputado era «legal», aunque no fuese ético. ¿Qué es lo más inmoral, pero legal, que te has encontrado escribiendo el libro?
Los indultos en todo caso, que están dentro de la ley, ¡una norma de 1870! Hay uno especialmente que es lo que más me ha enfadado en estos años: el doble indulto de los mossos d’Escuadra. Esta gente torturó a un hombre, fueron condenados y se les indultó para dejarles las penas en dos años [para evitar el ingreso en prisión]. El juez de la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que le daba igual, que iban a ir a la cárcel porque era un delito grave, y se les volvió a indultar. Una pena de muchos años de cárcel se quedó en una “multilla” [7.200 euros por cabeza]. En pleno siglo XXI tenemos una ley de indultos que da unos poderes enormes al Ejecutivo sin tener que justificarlos apenas. Se abolió durante la Segunda República y se recuperó durante el franquismo, como muchas otras leyes. Además, las normas de Franco eran: «Y esto, tal cual como estaban antes». Es legal, está dentro de la norma, pero es horroroso y absurdo que el Ejecutivo tenga poder para perdonar a un agente público que ha torturado a alguien.
¿No lo justificarías en ningún caso, ni siquiera en el de la madre que usó una tarjeta de crédito para comprar comida?
No, en absoluto. ¿Sabes por qué no lo justifico? Porque significa que mucha gente que está condenada por delitos similares está en la cárcel, porque no lo ha pedido o porque no se lo han concedido. Si se mantiene, que no estoy segura de que sea necesario, el indulto debería ser una medida de verdad excepcional; ahora no lo es, se concede uno y medio al día[2]. Y que se otorgue con informes públicos —desde los tribunales, no desde el Ejecutivo— explicando por qué se da. El jefe de Gobierno no es un rey con un bastón que te indulta. Muchos jueces me dicen que cómo se va a abolir, que determinadas cosas del Código Penal no son justas del todo, como las condenas por delitos contra la salud pública, que son muy altas… ¡Y se mantiene el indulto en lugar de reformar el Código Penal para ablandar esas penas! En cualquier caso, si se mantuviera de forma excepcional debería ser mucho más transparente.
Otra ley que tiene mucho protagonismo en Españopoly es la ley de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones públicas. Debería controlar los lazos entre lo público y lo privado y las llamadas «puertas giratorias», pero no lo hace.
El problema no es tanto la ley en sí, que no está tan mal, sino que nadie la hace cumplir. Es como la ley de transparencia: tiene muchas obligaciones que no se están cumpliendo pero no hay ningún organismo que pueda sancionar. Se supone que hay una Oficina de Conflicto de Intereses que depende del Gobierno pero no sabemos lo que hace porque no redacta informes, no dice si ha investigado a un ministro, a un diputado… no sabemos nada. En los últimos años ha habido tres sanciones a cargos pequeños y de mentira: dos de ellas han consistido en publicar su nombre en el BOE [el «escarnio público como sanción», señala en el libro]. No hay un organismo independiente y serio y con medios, porque a veces hay que gastar dinero en ciertas cosas, que vigile que eso se cumpla. Lo único que se publica ahora es cuando se les da el ok para trabajar en otro sitio. Tampoco hay un sitio donde denunciar a alguien que esté trabajando [en una empresa privada relacionada directamente con su labor en el ámbito público]. La ley está bien, pero nadie hace que se cumpla. Da todo igual.
Los indultos no se justifican, los casos de incompatibilidad no se publican… ¿Cuál ha sido la información a la que más te ha costado acceder, siendo teóricamente pública?
Hemos tenido muchos problemas con sentencias judiciales que deberían ser públicas porque crean jurisprudencia, y esto es así desde los romanos. Hay un buscador en el Consejo General del Poder Judicial, público y abierto, pero hay muchas sentencias que no se publican allí y luego están en los buscadores de pago de las editoriales especializadas, que además tienen vínculos con el Constitucional. Luego hay problemas básicos como preguntar [a la Administración]: «Este hombre trabaja para lo público. Dime desde cuándo», y que no te responden. Hubo, por ejemplo, un nombramiento de un cargo público con los mismos apellidos que otro cargo público. Preguntamos si eran primos y nos dijeron que eran datos personales. Tenemos una ley de datos tan estricta que al final… «Si son dos cargos públicos, tendré derecho a saberlo». Pues no, parece que no.
Después de años revisándolo a diario, ¿no tienes la sensación de que el BOE está escrito en un lenguaje deliberadamente complicado para muchos ciudadanos?
El BOE se plantea como una obligación legal, no está hecho para comunicarse con los ciudadanos. La normativa oficial tiene que estar escrita con determinado lenguaje, tiene que ser muy precisa. Pero sí creo que los gobiernos deberían comunicar a los ciudadanos las medidas que toman con un lenguaje mucho más sencillo. Hay otra cosa importante, y es la obligación de la prensa de traducir y hacer entender esto. Una labor que muchas veces se ha olvidado, porque no es tan divertida como decir: «Este señor dice esto y esto otro». La labor didáctica de explicar qué significa y qué consecuencias tiene [cada medida] es responsabilidad de la prensa.
«…sin dejarnos llevar por el calentón descontextualizado del titular a cuatro columnas».
Claro, porque es mucho más fácil. En campaña, los equipos de marketing de los partidos políticos hacen al tío hablar para que saque titulares. Luego salen en prensa y somos un puñetero altavoz de los políticos. Me sorprende horrores que haya periódicos en este país que sigan titulando con lo que le «dicen» sobre cosas que ellos pueden comprobar. Por ejemplo, cuando El País tituló durante muchas horas: «Gallardón dice que no ha dado indultos por corrupción», y eso era mentira. Cuando saltamos [Civio] diciendo «esto es mentira» se cambió el titular, pero nunca dijeron «Gallardón miente». Nosotros lo dijimos y sacamos los datos. Teníamos El Indultómetro y era más fácil encontrarlo, pero miras en el BOE y en 20 minutos tienes un par de ejemplos.
Señalas al final del libro que, para solicitar información a través del Portal de transparencia, hay que superar una serie de «trabas burocráticas». Entre ellas, identificarse con el DNI («¿para qué quiere saber el Gobierno quién hace la pregunta?») y conseguir una clave digital.
Si no es una barrera intencional, al menos sí demuestra un mal conocimiento de cómo funciona la sociedad. Tú no puedes decir que el derecho de acceso a la información, que es fundamental, tiene que ir por el procedimiento administrativo común, como si presentaras una instancia.
El contenido de todas las ‘cartas’ ha sido extraído de Españopoly (Ariel, 2015), excepto la relacionada con la corrupción, cuyo texto procede de La cuadratura del círculo (Endebate, 2015).
[1] ^ Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE
[2] ^ Cifra media entre 1996 y 2013. “La presión frente a los indultos hace efecto”, 19 de febrero de 2015, Civio.
