Google: ¿Quién debe pagar a quién?

El pasado mes de octubre de 2014, el Congreso español aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, o Ley Lasalle que ha traído consigo una gran controversia: el cierre de Google News en España. El motivo ha sido la implantación del canon AEDE, así nombrado por las empresas de medios de comunicación que forman parte del lobby Asociación de Editores de Diarios Españoles. Este canon establece que los agregadores de noticias tendrán que pagar a estas empresas por enlazar sus artículos, un derecho que es «irrenunciable» según la ley. De la recaudación y del reparto se encargarían las entidades de gestión, como por ejemplo CEDRO. Los agregadores son herramientas digitales que recopilan contenidos en formatos RSS, Atom y otros, de ellos Google News es el agregador más conocido, pero en España también existen otros importantes como la plataforma Menéame.

Sin embargo, los efectos que tendrá el cierre de Google News en España no están del todo claros para las partes. La tasa solo afecta a los agregadores y los usuarios pueden seguir encontrando artículos o bien en la pestaña de Noticias del buscador o en el mismo buscador. Google News era una herramienta de utilidad, ya que las noticias podían ordenarse por interés haciendo así más efectiva la búsqueda.

Fotografía de Spencer E. Hollaway - publicada en Flickr bajo licencia CC BY-ND 2.0

Fotografía de Spencer E. Hollaway – publicada en Flickr bajo licencia CC BY-ND 2.0

Por otro lado, aunque a simple vista parece que las empresas que forman parte de la AEDE pueden verse perjudicadas tal y como refleja la caída de entre el 10 % y el 15 % del tráfico registrado por Chartbeat, parece que esta medida causará un daño mayor a los medios más pequeños. La AEDE basa ahora su estrategia en su marca y en que los usuarios tecleen directamente el término «El Mundo» en el buscador. Además ya que no ha podido obligar a Google a pasar por caja, por lo menos ha asestado un duro golpe a su competencia, muy atomizada y de menor tamaño, y que dependía mucho más de Google News por la visibilidad y el tráfico que este servicio le reportaba. Es más, el daño será mayor en estos pequeños medios si contamos con el hecho de que los usuarios latinoamericanos no pueden acceder a contenidos de medios españoles en su sección de Internacional, tal y como explica el diario El Comercio de Perú.

La connivencia del gobierno español con la AEDE y otros lobbies culturales ha sido clave en la aprobación de esta norma tan controvertida. Estos lobbies han intentado suplir sus malos resultados creando una fuente de ingresos extra de la nada.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La razón por la que este conflicto ha terminado de esta manera en nuestro país se debe a un cóctel explosivo de poder mediático y económico. Los grandes medios de comunicación españoles llevan años acumulando pérdidas desde el inicio de la crisis. Solo hay que fijarse en las últimas cuentas del Grupo Vocento (pérdidas netas de 9,1 millones de euros hasta septiembre de 2014), Unidad Editorial (pérdidas operativas netas de 36 millones en el mismo periodo) y Grupo Prisa (pérdidas netas de 2.084 millones) para entender la mala situación por la que atraviesan. Todos achacan estos malos resultados a la caída de inversión publicitaria, pero su falta de adaptación a los nuevos soportes digitales ha sido decisiva en este proceso decadente. Los medios españoles no han sabido monetizar sus numerosos lectores, tal y como lo han conseguido sus colegas anglosajones desde el principio mediante suscripciones mensuales (por ejemplo el Financial Times o The Wall Street Journal). Los primeros intentos de llevar a cabo esta estrategia en España fueron años después con Orbyt o el Kiosco.

En este contexto, a la AEDE se han unido a los ya conocidos lobbies culturales como ADEPI (de la que forma parte la SGAE) para ejercer una presión decisiva sobre el Gobierno y fomentar la aprobación de una ley que, aunque no evitase la sangría financiera, sí que podría paliar su situación. Todo ello a costa de Google.

¿Qué ha pasado en otros países Europa?

Este debate no es nuevo y otros países europeos ya lo han abordado antes con resultados positivos para Google.

El primer caso fue el de Bélgica, donde en 2011 un tribunal obligaba a Google a pedir el consentimiento de los medios de comunicación de este país si quería mostrar textos y fotografías en sus resultados de búsqueda. Este hecho provocó el cierre de Google News que duró hasta finales de 2012, cuando el conflicto se solventó mediante la firma de acuerdos bilaterales entre ambas partes para llegar a sinergias tales como el compromiso de Google de anunciarse en los medios belgas y ofrecer sus soluciones premium como Google AdSense y Google AdExchange, ahora llamado DoubleClick. Así Google no paga a los medios belgas por enlazar sus contenidos. Si bien es cierto que el gobierno no fue protagonista del proceso, el desenlace fue positivo para todos.

En el caso francés, el hecho se resolvió a principios de 2013, con un acuerdo por el cual Google aportó 60 millones de euros a un fondo destinado a apoyar la innovación de los grupos editoriales franceses. En este caso los editores franceses no se salieron con la suya y tuvieron que renunciar a cobrar porque Google enlazase sus contenidos. A pesar de que parezca que la compañía californiana saliera mal parada del proceso, la cantidad es mucho menor de la que tendría que haber hecho frente de forma recurrente en el tiempo si los editores hubiesen conseguido su propósito.

En Alemania, el gobierno aprobó una ley en 2013 por la cual los motores de búsqueda como Google o Yahoo se veían obligados a adquirir licencias de los grupos editoriales. Google hizo público su profundo rechazo a esta medida y lanzó una campaña que se traduce como «Defiende tu red. Sigue encontrando lo que buscas», donde Google pedía a los internautas que escribiesen a los parlamentarios alemanes mostrando su disconformidad con la norma. En esta ocasión tampoco Google tuvo que afrontar pagos por enlazar contenidos, puesto que la mayor parte de estos grupos le permitieron seguir utilizando sus contenidos de forma gratuita a través de Google News. La diferencia con la norma española es que las editoras podían elegir si cobrar a Google o no, ya que los ingresos no eran irrenunciables, como ha sido el caso español.

Otro país donde surgió un debate similar, pero de fondo distinto, fue en Italia, donde el gobierno de Enrico Letta decidió obligar a las empresas que se anunciasen y vendiesen en Internet a hacerlo a través de sociedades con sede en Italia. Sin embargo, se trata de un caso diferente ya que tiene un carácter más fiscal de fondo y el debate no giraba en torno a los derechos de propiedad intelectual como en España. En cualquier caso, aunque Google se vio perjudicada en un primer momento por contar con sede en países fiscalmente más eficientes que Italia como Irlanda o Luxemburgo, la ley nunca se hizo cumplir e incluso fue derogada por el nuevo gobierno de Matteo Renzi.

¿Es justa esta ley?

Se puede argumentar que el debate sobre quién debe pagar a quién se ha pervertido de manera interesada por las grandes editoras y lobbies culturales, ávidas de nuevos ingresos. El debate real debería girar en torno a si los medios de comunicación que obtenían un número de visitas inmenso gracias a Google News, deberían pagar por ese tráfico derivado a sus webs. Pero ese debate se presentará en otro artículo.

 

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