¿Podemos presumir de inversión social?

Foto: Miguel Andresen
Foto: Miguel Andresen

Desde hace varios meses España se encuentra sin gobierno, encallada en un bloqueo político sin precedentes en la historia moderna del país. La última consecuencia de esta crisis política ha sido la dimisión del hasta ahora secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Esta situación ha estado envuelta en una gran tensión en el seno del partido socialista, que se halla dividido respecto a qué posición tomar en un posible tercer intento de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy. Los socialistas pueden abstenerse y permitir que Rajoy forme gobierno o no hacerlo e intentar un pacto de investidura alternativo, el cual, descartado el apoyo conjunto de Podemos y Ciudadanos, necesitaría la inclusión de fuerzas nacionalistas (opción con muy pocos partidarios en el PSOE y un alto riesgo de fracasar). Por el contrario, si se prolonga el bloqueo político tendrán que convocarse terceras elecciones.

Los análisis de la política española, especialmente en momentos como este, suelen prestar atención a aspectos como el reparto de votos y escaños, al sistema electoral, a las posibles coaliciones o a las corrientes internas de los partidos, es decir, temas relacionados con la cuestión de quién ocupa el poder. En el mundo anglosajón, estos elementos se clasifican bajo la etiqueta de politics, o política. Existe, sin embargo, un segundo conjunto de cuestiones que versan sobre qué se hace en el poder, que en el sistema anglosajón forman la policy o políticas públicas. Esta dimensión del mundo de la política suele recibir menos atención de la que merece, tanto en los medios como entre los propios políticos.

El debate de la investidura fallida a Mariano Rajoy fue un ejemplo de discusión carente de  argumentos sólidos y críticas coherentes. Se utilizó como una oportunidad para defender ideas vagas y desacreditar a aquellos con los que no se estaba de acuerdo, sin ajustarse necesariamente al espíritu constructivo que debería tener el debate parlamentario.

Los análisis de la política española suelen prestar atención a quién ocupa el poder en lugar de qué se hace en el poder

Sin embargo, entre muchos minutos de discursos algo vacíos de contenido, Mariano Rajoy, candidato a presidente, y Pedro Sánchez, ejerciendo de líder de la oposición, intercambiaron algunos argumentos sobre políticas públicas dignos de ser escuchados y analizados. Según dijo el líder del PSOE, un motivo de peso para no querer permitir la formación de gobierno a Rajoy fue la falta de compromiso de los populares con el estado del bienestar. Ante la reclamación de Sánchez de una mayor inversión social, Rajoy se defendió argumentando que su ejecutiva ha aumentado el gasto social y que éste goza de una buenísima salud en España.

¿Son ciertas las palabras de Rajoy? ¿Cómo debemos interpretar esta información? Un vistazo a alguno de los datos disponibles nos muestra que, en efecto, la inversión en gasto social efectuada en España ha sido muy alta desde el inicio de la crisis. Según la base de datos de gasto social (SOCX) de la OCDE, ha habido un aumento continuado del gasto social en España desde el año 2000, que además se dispara desde 2008 y sitúa a España cerca de su máximo histórico y sistemáticamente por encima de la media de la OCDE.

Esta información contrasta con la narrativa imperante en la ciudadanía, desde la que se acusa al gobierno de Rajoy de haber practicado políticas de austeridad, reducción de gasto público y recortes en, por ejemplo, sanidad y educación. La percepción ha sido suficientemente intensa como para provocar importantes protestas y movilizaciones de los profesionales de algunos de los sectores en principio más afectados con la finalidad de mostrar rechazo y presionar para revertir esta tendencia.

Una mirada más cuidadosa de los datos puede ayudarnos a entender mejor la situación que vivimos. Siguiendo la categorización de la OCDE, cabe dividir el gasto público en dos grandes bloques. Por una parte, existen las ayudas en metálico, tales como las pensiones, las prestaciones por desempleo o por incapacidad, etc. Por otra, la provisión de servicios públicos, como educación, sanidad o programas sociales. En los países de la OCDE, el primer tipo de ayudas suele absorber una cantidad de fondos públicos muy superior al segundo, del orden del doble, en promedio.

Figura 1. Gasto público, ayudas en metálico
(% PIB, 2014)
Notas: Las barras grises atienden a las ayudas en metálico (con el correspondiente porcentaje en la columna derecha). Fuente: SOCX, OCDE

Notas: Las barras grises atienden a las ayudas en metálico (con el correspondiente porcentaje en la columna derecha). Fuente: OCDE

Si atendemos a esta clasificación de países únicamente en función de sus ayudas en metálico, España está muy bien situada entre los países de la OCDE (figura 1). De hecho, las diez primeras posiciones de esta lista incluyen también a países como Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia y Hungría, todos ellos de la periferia europea. Esto parece darle la razón a Rajoy, e indicar que no existe una correlación clara entre fortaleza del estado de bienestar y generosidad en las ayudas públicas que dan los estados a sus ciudadanos. Parece, además, que son precisamente los países que más han acusado la crisis los que más ayudas en metálico conceden.

Si nos fijamos, por el contrario, sólo en el gasto en servicios públicos, observamos cómo en esta ocasión sí coincide con lo que cabría esperar de forma intuitiva (figura 2). Los países con mayor gasto en servicios públicos de la OCDE son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Alemania y Bélgica, es decir, países nórdicos y de la Europa continental que suelen relacionarse con estados del bienestar más desarrollados. España ocupa en esta lista el decimosexto lugar, por detrás de Italia y superando por muy poco la media de la OCDE.  

Figura 2. Gasto público, provisión de servicios públicos
(% PIB, 2014)
Notas: Los puntos azules atienden a la provisión de servicios públicos (con el correspondiente porcentaje en la columna derecha). Fuente: SOCX, OCDE

Notas: Los puntos azules atienden a la provisión de servicios públicos (con el correspondiente porcentaje en la columna derecha). Fuente: OCDE

¿Cómo debemos interpretar estos datos? Parece razonable pensar que el segundo tipo de gasto, es decir, aquel que se realiza únicamente en servicios públicos, es un buen indicador para definir si un país apuesta por un estado del bienestar fuerte o no. Paralelamente, observamos una fuerte relación entre alto gasto en ayudas en metálico y el nivel de dureza con el que se ha sufrido la crisis económica. Esto indica muy posiblemente que en estos casos el gasto público sube como consecuencia del aumento de las necesidades de la población, y no como decisión política del gobierno. En épocas de crisis económica, hay una mayor proporción de la población que requiere prestaciones por desempleo, que decide jubilarse anticipadamente o que cumple los requisitos para recibir becas escolares. Incluso se ha documentado un aumento de la necesidad de pensiones por minusvalía y de las bajas de salud como consecuencia precisamente de los recortes en servicios sanitarios. Esta es la misma conclusión que alcanza un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que compara a España con la Unión Europea y determina que nos encontramos por debajo del promedio europeo en gasto social, así como que el acercamiento que muestran los datos de los últimos años son consecuencia de la crisis y del envejecimiento de la población y «no de una convergencia con los estados del bienestar europeos».

En España el gasto público subió como consecuencia del aumento de las necesidades de la población, y no como decisión política del gobierno

Las necesidades económicas que sufre la población durante una crisis económica hacen enormemente costoso limitar el gasto público en momentos de dificultades, que es lo que exige la Unión Europea para cumplir los objetivos de déficit. Sería mucho más agradable para todos aplicar políticas de inversión y expansión del gasto, pero para poder hacerlo este se debería haber limitado en tiempos de boom económico, cosa que no se hizo en su momento. De lo contrario, se dispararía el gasto en concepto de intereses sobre la deuda, profundizando el déficit público.

En cualquier caso, el alto gasto social que ha llevado a cabo España en los últimos años es una consecuencia de los altos índices de paro y de pobreza que vive la población. Al igual que ocurre en los otros países de la periferia europea, no puede ser interpretado como una apuesta de sus gobiernos por los estados del bienestar; un estado del bienestar fuerte se caracteriza por una inversión alta en servicios públicos, y España no dista mucho de estar a la cabeza de Europa en este ámbito. El equipo de Rajoy se escuda en los números globales de inversión social, cuando éstos no son indicativos de una verdadera política que apueste por reforzar el estado del bienestar.

En definitiva, esto es solo un ejemplo de cómo el debate político español tiende a prestar mucha atención a quién ejerce el poder, y mucho menos a qué se hace con él. Nos hemos acostumbrado a que los políticos recurran a datos incompletos, historias adaptadas para favorecer a su mandato o tendencias sacadas fueras de contexto sin exigirles el menor rigor.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una oleada de análisis sobre los motivos que hay detrás de la dimisión de Sánchez, las luchas por el poder en el PSOE y las posibles combinaciones de partidos para sumar mayorías parlamentarias. Todas estas cuestiones, aun siendo merecedoras de la  atención de la ciudadanía, se ocupan únicamente de quién tiene el poder, constituyendo tan solo una pequeña parte de la política.

Cabe preguntarse también qué se hace una vez en el gobierno, es decir, qué políticas se impulsan y qué impacto tienen, porque si no tenemos esta discusión, continuaremos encontrándonos ejemplos de manipulaciones burdas como las que hace Mariano Rajoy al afirmar que su gobierno ha defendido el estado de bienestar porque ha aumentado el gasto social. Solo si este tipo de afirmaciones son objeto del mismo escrutinio que las luchas por el gobierno será posible un debate político constructivo en el que se presione a los gobernantes a rendir cuentas de sus acciones y en el que se mejore la calidad de las instituciones.  

Elena Casanovas

Elena Casanovas

Resarch Associate at Innovations for Poverty Action
Elena es de Barcelona y estudió Ciencia Política entre Madrid, Londres y Los Ángeles. Después de graduarse trabajó en Massachusetts, Washington, DC y Montevideo haciendo investigación en temas de economías avanzadas, desigualdades urbanas y mercados emergentes. Ahora está en Lima, contribuyendo a determinar el impacto de políticas de desarrollo económico en Perú. Es becaria de la Fundación La Caixa (EEUU '16), y tiene previsto empezar un master en economía el próximo curso.
Elena Casanovas