¿Cómo se construye un mercado? ¿Cómo se instituyen el conjunto de intercambios que lo componen? En uno de los grandes momentos de «creación» de un mercado —la transición rusa al capitalismo en los años 90—, Vadim Volkov muestra cómo la mano (muy) visible de actores violentos jugó un papel clave a la hora de asegurar y hacer cumplir las nuevas leyes de propiedad rusas. Son los que denomina «emprendedores violentos» en su libro Violent Entrepreneurs. The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, individuos organizados que transformaban sus recursos violentos (habilidades marciales, conocimientos en el manejo de armas, capacidad de intimidación, etc.) en capital económico. En otras palabras, en vez de vender sillas, periódicos o iPhones, lo que estos emprendedores vendían es su capacidad de ejercer la coerción.

Durante los últimos días la empresa de «mediación» Desokupa ha vuelto a saltar a la palestra mediática tras haber sido contratada por la familia de Julio Iglesias para desalojar el Centro Social «La Yaya» en Argüelles. La situación no es nueva; desde finales de 2016 son varios los medios que intentan comprender el fenómeno: su director Daniel Esteve fue entrevistado por El Mundo e invitado al programa de Antena 3, Espejo Público, y sus empleados fueron objeto de investigación en artículos de varios medios (1,2). En estos se resaltaba su perfil violento (ex-boxeadores, ex-paramilitares) y político (con fuertes vínculos a la extrema derecha). No obstante, la polémica mediática alrededor de la empresa no proviene solo de los perfiles atípicos de sus miembros sino, sobre todo, de sus actividades: Desokupa lleva a cabo «mediaciones» de desahucio en Cataluña y Madrid, en las que intervienen en favor del propietario que quiera recuperar una vivienda okupada. La empresa se sitúa como mínimo en una zona gris legal, pudiendo incurrir en algunos casos en un ejercicio extrajudicial de la violencia. Esto es lo que denuncian tanto el Observatori Desc (querellado contra Desokupa) como la organización vecinal Stop Desokupa. Los segundos consideran que, además de delictivas, las actividades de Esteve y los suyos son la avanzadilla sicaria de la nueva especulación inmobiliaria. Las críticas a Desokupa desbordan rápidamente el marco de la mera actuación de la empresa e intentan situarla dentro del entramado de relaciones de poder en la Barcelona contemporánea. Aunque la expansión territorial de Desokupa es ya un hecho, intentaremos entender por qué la empresa nace en el contexto barcelonés, cómo se relaciona con el mercado de la vivienda y cuáles son las consecuencias para la ciudad.

 

Mantener la violencia en potencia

Si tenemos en cuenta las actividades desarrolladas por Desokupa (como pueden ser observadas en los videos de sus actuaciones y en los testimonios de los afectados), la empresa parece adecuarse bastante bien a la definición de Volkov. Aquí es importante señalar que Daniel Esteve, Ernesto Navas, Jivko Ivanov y compañía no se dedican a dar palizas, a cobrar por extorsiones o a darse tiros con rivales territoriales. Por tanto entre Desokupa y los mafiosos rusos de los noventa hay una brecha importante que tampoco conviene minimizar.

Una de las características de la empresa catalana parece ser que, a pesar de basar su actividad económica en recursos violentos, estos no son necesariamente llevados a la práctica; la violencia se mantiene así como un recurso en potencia. Este sea probablemente su rasgo más empresarial, donde se aprecia mejor la economización de la violencia llevada a cabo en sus actividades. Como comenta el sociólogo Diego Gambetta al respecto de la mafia siciliana, el éxito de los actores económicos violentos depende justamente de ese uso económico y racionalizado de la violencia: cuanto menos explícita sea esta, más éxito tendrá la explotación de los recursos violentos. En términos económicos pegar una paliza conlleva un riesgo (esfuerzo físico, posible muerte del rival, daños a uno mismo, problemas con la policía, etc.), y todo riesgo es un coste; pero si se pueden obtener los mismos resultados con la sola insinuación de los golpes se obtiene el mismo beneficio, pero sin el coste. Es por eso que la definición de Desokupa como emprendedores violentos tiene tanto o más sentido dado que no ejercen su potencial violento. Ese es su éxito.

Un éxito que parece ir a la par con una voluntad de legitimación social de dicha violencia: Esteve pasa de luchador MMA underground a promotor deportivo y socio de Desokupa; Navas, por su lado, pasa de pegar palizas a antifascistas a padre de familia y trabajador estable; lo mismo para Ivanov, ex-paporamilitar y ahora asentado. Esto nos lleva a otra importante diferencia con las mafias rusa y siciliana: Desokupa pretende ejercer sus actividades dentro de la legalidad (una cuestión que trataremos más tarde). Sin embargo, esta reivindicación de legalidad y legitimación social nos lleva a un aspecto clave. Los miembros de Desokupa son emprendedores en el sentido de Volkov, como acabamos de ver, pero también se presentan como tal en el sentido contemporáneo de la palabra, como trata de mostrar la estética de su página web —las referencias al diálogo, la coherencia y el respeto sobre fondo de atardecer en Nueva York—, que viene acompañada de una retórica de defensa de la propiedad privada y los pequeños propietarios. Por lo tanto, no deberíamos dejar que el aspecto violento eclipse totalmente su aspecto empresarial: Desokupa es un actor (muy particular) del mercado inmobiliario.

¿Es Desokupa una empresa legal y legítima al servicio de los pequeños propietarios o el brazo armado de las inmobiliarias?

Es por ello que la campaña Stop Desokupa lleva algo más de un año denunciando las actividades de la empresa, a las que considera como un servicio a la especulación inmobiliaria. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? ¿Es Desokupa una empresa legal y legítima al servicio de los pequeños propietarios o el brazo armado de las inmobiliarias? Para intentar responder a estas preguntas analizaremos la estructura del mercado inmobiliario en Barcelona, e intentaremos ver cuál es el papel jugado por la empresa en la institucionalización del nuevo modelo turístico de la ciudad.

Visualización de los pisos en Airbnb de Barcelona por kor dwarshuis

 

Mercado: la airbnbficación de Barcelona

La cuestión de quién contrata a Desokupa parece central en el encuentro de posiciones respecto de la empresa. Según la propia Desokupa, sus clientes son exclusivamente pequeños propietarios que han perdido el control sobre su vivienda, algo que Esteve defiende en todas sus apariciones públicas. Sin embargo, aunque esto fuese completamente cierto, no hemos de olvidar el contexto en el que aparece la empresa. Y es que está es una pregunta clave: ¿por qué existe Desokupa? Si seguimos la etimología del nombre, la respuesta es bastante clara: porque existen okupas, de la misma manera que sin fascistas no podría haber antifascistas. Para no caricaturizar, es evidente que hay un componente político en algunas (incluso bastantes) ocupaciones, en línea con movimientos anarquistas y una crítica de la propiedad privada. Hasta aquí nada nuevo.

Pero okupas ha habido toda la vida, se podría decir. ¿Por qué se crea Desokupa ahora? Es importante tener en cuenta la existencia de ocupaciones «obligadas», en el sentido de no políticamente voluntarias. Podemos pensar, principalmente, en los casos de personas que se han encontrado en la situación de no poder seguir pagando el alquiler o la hipoteca, principalmente. Incluso puede haber un tercer tipo de okupaciones, en las que la vivienda es okupada para su explotación económica. Aunque minoritarias, merecen ser mencionadas por contexto. Si Desokupa aparece hoy, podríamos decir que es por un aumento de los casos de okupación.

¿Cómo responden los propietarios ante esta situación? En un reportaje de En el Punto de Mira, un empresario del sector inmobiliario cuenta las razones por las que decidió contratar a Desokupa: quería reformar una propiedad y después venderla, pero esta se encontraba okupada. Gracias a la intervención de Desokupa pudo llevar a cabo las obras y efectuar la venta, con un retorno sobre la inversión del 30 %. Como se explica en el reportaje, lejos de ser anecdótico, este caso parece ser una tendencia creciente en el mercado inmobiliario barcelonés, donde los precios, a pesar del pinchazo inmobiliario de 2008, no bajan —al contrario, suben—. Esto hace que se produzca todo un mercado alrededor de los pisos okupados que, además de haber proliferado después de la crisis inmobiliaria (segunda causa de okupación), ofrecen un rendimiento económico superior. ¿Por qué? Básicamente porque los propietarios (ya sean bancos o particulares) bajan el precio de venta de un piso si este está okupado, ya que el tiempo de las trabas judiciales supone un coste marginal por no explotación. La existencia de Desokupa completa la ecuación: uno puede comprar un piso bajo precio de mercado (porque está okupado), contratar a la empresa, que ofrece resultados en 48 horas, y por una «pequeña» suma (mínimo 4.000€) tener la vivienda disponible para su explotación económica y luego obtener rendimientos a precio de mercado.

Y estos rendimientos a precio de mercado son altamente lucrativos, si seguimos la evolución de los precios de la vivienda en Barcelona. Mirando los datos de 2016 ofrecidos por el portal Idealista, vemos cómo el precio del alquiler aumentó solo entre 2015 y 2016 el 16,5 % en la ciudad (23,4 % en la provincia y 26,8 % en Cataluña). En algunos barrios de la capital (Sants, Sant-Andreu, Eixample) la variación es de más del 20 %.

Fuente: Idealista.

Fuente: Idealista.

Aparte de la lógica alcista del mercado inmobiliario, una de las causas principales de la escalada de los precios de alquiler se puede encontrar en la proliferación de pisos de alquiler a turistas. Si echamos un ojo a los datos de la página Airdna o a la representación hecha por Kor Dwarshuis podemos ver cómo la presencia de este tipo de alquileres ha explotado en los últimos años, en paralelo no solo al aumento de los precios, sino también a los desahucios. Podríamos hacer una interpretación a lo Karl Polanyi de este fenómeno. La economía y el conjunto de mercados, cada vez más desarraigados de las necesidades sociales, requieren de la destrucción de instituciones y de formas sociales ineficaces o poco económicas para ser operativos. En este caso, la distribución de la propiedad urbana, el nivel de los precios del suelo o la fisionomía de los barrios deben ser ajustados al mercado; un mercado en el que Airbnb (y otros portales similares) parece marcar el rumbo.

Pero tampoco deberíamos pensar en la economía o los mercados como si fuesen entidades abstractas y etéreas. Detrás de cada operación de compraventa o de alquiler hay un comprador y un vendedor, un arrendador y un arrendatario. Los procesos económicos son concretos por la personalidad de los actores, por la materialidad de las consecuencias y por los espacios en los que ocurren. Aquí podemos pensar con el geógrafo David Harvey, quien ya ha teorizado sobre los procesos contemporáneos de territorialización del capital en obras como Paris, Capital de la modernidad o Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. Uno de los conceptos más citados del geógrafo británico es el de «acumulación por desposesión», un momento violento y necesario en la formación del capital en el que, para que un grupo acumule, este necesita «desposeer» a otro de sus bienes. Es una noción paralela a la descrita por Marx como «acumulación primitiva», ya que en ambos casos el proceso de acumulación necesita de garantías institucionales para estabilizarse (por ejemplo, la inscripción del derecho a la propiedad individual en el derecho americano permitió la «desposesión» de las tierras de los nativos americanos, su paso a manos de nuevos propietarios y su consecuente explotación comercial).

La economía y el conjunto de mercados requieren de la destrucción de instituciones y de formas sociales ineficaces o poco económicas

La innovación de Harvey consiste en considerar esta lógica no como un momento único en el desarrollo del capitalismo, sino como una lógica constante: para desarrollarse, el capital debe buscar constantemente nuevos espacios, lo que implica dotarlos de un doble sistema (violento e institucional) que garantice la desposesión y la acumulación. En el caso que nos ocupa, hemos podido ver cómo Desokupa juega el papel de garante de la desposesión, efectuando desahucios eficaces que, como poco, contribuyen al desarrollo del nuevo modelo turístico-urbanístico de Barcelona. Queda por resolver la cuestión institucional, ¿dónde se sitúan la ley y el Estado de derecho en el asunto?

 

Entre derechos: la ciudad como conflicto político

Como hemos comentado, Desokupa parece cumplir una función esencial en el establecimiento del nuevo mercado de la vivienda barcelonés. Sin embargo, si solo observamos este hecho de forma panorámica, podemos perder de vista el interés concreto que supone la empresa para los propietarios de casas okupadas. Ya avanzamos algunas pistas de reflexión respecto a los rendimientos económicos producidos por un contrato de desahucio/mediación con la empresa, pero hemos de ver que estos rendimientos son el resultado indirecto del tratamiento judicial de este tipo de casos.

En el vídeo de presentación de la empresa, visible en su página web, solo uno de los personajes habla: «¡Soy okupa, tengo mis derechos!», se oye decir a uno de los okupas de la ficción publicitaria. Y es que, de hecho, esto es verdad; como todo ciudadano ante la ley, el okupa tiene una serie de derechos. En lo relativo a la ocupación de una vivienda, si esta está ocupada por unos habitantes durante más de veinticuatro horas, estos no pueden ser desahuciados sin una orden judicial. Según las estimaciones, el proceso entre la denuncia del propietario hasta el desalojo de los okupas dura de media unos ocho meses. He ahí donde radica la razón de ser de Desokupa: en las propias palabras de Daniel Esteve, eficacia y rapidez frente a la lentitud de los trámites legales.

Para no caer en delito, la empresa tiene que plantear sus actividades como intermediación, es decir, trato entre partes. Esta puesta en escena tiene su mejor reflejo en la firma de contratos al final de las operaciones «exitosas», en las que el okupa acepta dejar la vivienda, en general a cambio de una cierta suma de dinero. Sin embargo, la caracterización de los desokupas como intermediarios no debería hacernos perder de vista su posición dentro de una relación social asimétrica y de una relación legal compleja. Asimetría social porque el hecho de ver la entrada de su vivienda rodeada por individuos corpulentos y con conocimientos explícitos en el uso de la fuerza no permite a nadie imponer sus condiciones en una negociación. Y relación legal compleja porque en ella se enfrentan dos derechos inconmensurables: tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a la vivienda se encuentran en el primer título de la Constitución española, con la diferencia de que el primero solo es alienable bajo «causa justificada de utilidad pública o interés social» y el segundo solo «debe ser promovido por las autoridades». Frente a estos casos, la inconmensurabilidad se plantea, ¿qué debe prevalecer, el derecho a la propiedad o a la vivienda? La complejidad legal aumenta cuando consideramos que Desokupa podría estar cayendo en situaciones delictivas en algunas de sus actuaciones, como defiende el Observatori DESC, que, en su querella contra Desokupa y algunos de sus miembros evocados anteriormente, los acusa de coacciones y allanamiento de morada, entre otros.

La ciudad, como espacio social y político, es un territorio en el que los derechos son menos el resultado de posiciones estatutarias que del conflicto político

Sin embargo, sobre las líneas de defensa de estos dos derechos podemos leer dos posiciones políticas que van más allá del caso por caso de cada desahucio, y que presentan dos interpretaciones alternativas de la convivencia en la ciudad. Poco después del inicio del escándalo mediático por las actuaciones de Desokupa, se creó el ya mencionado colectivo Stop Desokupa, con el objetivo de organizar a los vecinos en torno a la denuncia de las prácticas de la empresa. Podemos interpretar en la misma lógica las acciones llevadas a cabo durante el verano por Arran, una organización juvenil de izquierda independentista,  contra varios símbolos turísticos. Con eslóganes como «El turismo mata los barrios», se enmarcan explícitamente en la misma matriz de defensa de una organización social no mercantil de la vivienda, frente al desarrollo del nuevo modelo turístico de Barcelona. Es justo la posición opuesta a la defendida, en práctica, por Desokupa; una posición basada en el derecho a la propiedad que se alinea con los actores favorables a una geografía monetizada en la que los habitantes son seleccionados por el filtro del mercado. Este alineamiento va más allá del discurso o de casos particulares. Como ha documento Diagonal, los vínculos de la empresa con grandes inversores del sector inmobiliario y con empresas de seguridad especializadas en la «anti-okupación» hacen de ella un actor activamente involucrado en la producción de la nueva ciudad.

Esta tensión en torno a la forma y la organización que debe tomar la ciudad no es necesariamente negativa; el conflicto, como nos recordaba David Harvey en una entrevista con El País en 2007, es incluso un «ideal» a perseguir, sin el cual no podríamos resolver nuestras diferencias. Pero no hay posibilidad de resolución del conflicto sin la mediación de las instituciones. Y es justamente el rol (hasta ahora inactivo) de la justicia y la policía el que se ve puesto en cuestión por las actividades de Desokupa, que de facto externalizan la gestión de los desahucios, con el uso de la intimidación y la falta de garantías que implican. Ante lo que al fin y al cabo es un desafío al monopolio estatal de la violencia y de los medios de coerción, las instituciones parecen tener dos vías de acción posibles: o encontrar una respuesta dentro del ejercicio efectivo de la ley al ejercicio privado de la violencia, o mantener su actitud de laissez-faire. Una actitud, esta última, que ya ha podido verse, por ejemplo, en la colaboración informal de la policía con la empresa en algunas actuaciones (a las que se suma el último suceso en Argüelles). Las dos querellas en curso contra Desokupa obligarán a la justicia a posicionarse con respecto a la empresa; mientras tanto, sus actividades continúan.

De hecho, en vista de la expansión de la empresa al resto de la geografía española y de la multiplicación de pisos turísticos en Madrid, Sevilla o Valencia y la consecuente gentrificación de barrios como Lavapiés, Argüelles o Russafa, el debate sobre la adecuación de las ciudades a los nuevos mercados turísticos e inmobiliarios parece lejos de estar cerrado. Aún menos en Barcelona, donde la cuestión está en el centro del debate público desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía, siendo además relativamente independiente de la cuestión nacional. Si a lo largo de este artículo hemos visto el papel que pueden jugar los «emprendedores de violencia» en la construcción de nuevos mercados, quedaría por evaluar el rol que pueden jugar las organizaciones vecinales y ciudadanas como contrapeso. La ciudad, como espacio social y político, es un territorio en el que los derechos son menos el resultado de posiciones estatutarias que del conflicto político. ¿Hasta cuando podrá esperar un debate a fondo sobre el modelo turístico español y su efecto sobre las ciudades?

 

*Imagen de portada: Fotografía publicada en Flickr por Aslak Raanes bajo licencia CC.