[Read this article in English in Are We Europe’s magazine]

París, 7 de enero de 2015. Dos hermanos, que se identifican como miembros de la rama de Al Qaeda en Yemen, irrumpen en las oficinas del semanario satírico francés Charlie Hebdo, asesinando a 12 personas e hiriendo a otras 11. El ataque en plena capital francesa, junto con los días de persecución que le siguieron, constituyó un punto de inflexión para la inteligencia europea, como nos cuenta Diego Naranjo, de la organización Electronic Digital Rights (EDRi), dedicada a la protección de la privacidad ciudadana.

«El ataque fue sin duda un hito. Sobre todo, hizo que cambiara la retóricas política, que ha alimentado esta oleada de nuevas políticas de vigilancia». En EDRi y otras organizaciones de derechos humanos, las consecuencias políticas de cada ataque terrorista se han observado con preocupación. Como explica Naranjo, después de cada ataque se implementa una nueva medida como respuesta inmediata: «Parece que las nuevas políticas de vigilancia estuvieran esperando en la estantería, listas para ser puestas en marcha en el momento adecuado». Ya en enero de 2015, el entonces Primer Ministro francés Manuel Valls reclamó un incremento de la vigilancia como medida de prevención, aprobándose la nueva ley en el Parlamento en julio de ese mismo año.

En noviembre, se produjo un ataque aún mayor en la capital francesa, en la que distintos grupos de terroristas islamistas atentaron coordinadamente en diferentes partes de la ciudad, matando a 137 personas e hiriendo a 368. Después del ataque, el entonces presidente François Hollande declaró que «Francia estaba en guerra», anunciando un estado de emergencia de tres meses en todo el país. No obstante, este estado de emergencia se extendió en numerosas ocasiones durante los siguientes dos años, hasta que en noviembre de 2017 fue sustituido por la nueva ley antiterrorismo.

Pero Francia no ha sido el único país en cambiar sus leyes de vigilancia tras sufrir un ataque terrorista. En Bélgica, medio año después de los atentados en el metro y aeropuerto de Bruselas, se introdujo una ley que otorgaba a los investigadores amplios poderes de vigilancia digital. Alemania, Holanda o Reino Unido también han implementado medidas de vigilancia masiva como estrategia de inteligencia. Esto significa que la vigilancia, a través del filtrado del tráfico de las comunicaciones con búsquedas por palabras o patrones,  no está dirigida únicamente a personas sospechosas o con antecedentes, sino a la población entera.

El estado de emergencia francés ha conllevado una vigilancia “desproporcionada” y “discriminatoria” dirigida especialmente hacia la población musulmana (Amnistía Internacional)

 

Política predictiva

Lo que más preocupa a Naranjo es cómo la vigilancia se trata cada vez menos de seguridad y más de controlar a los ciudadanos. «Los Gobiernos se benefician del control. Si ocurre algo, pueden reaccionar rápidamente. Pero esto también conduce a las prácticas de control predictivas, en la que son los algoritmos quienes deciden si alguien debe o no ser vigilado», nos cuenta. Por ejemplo, la policía británica utiliza este monitoreo predictivo para patrullar los barrios más proclives a la delincuencia, que tienen una mayor tasa de delitos menores y uso de drogas. Dado que normalmente se trata de barrios más pobres, sus habitantes entran en un bucle de arrestos, criminalidad y pobreza, dice Naranjo.

Pero no solo se ha observado este desplazamiento desde la vigilancia de personas con antecedentes al control predictivo. Las nuevas leyes rara vez introducen medidas dirigidas solo a las personas sospechosas de tener vínculos con organizaciones terroristas. Más bien al contrario: en ocasiones, las agencias de inteligencia utilizan sus nuevas competencias para intimidar a las minorías e investigar a las personas y grupos críticos con los gobiernos en el poder. Como ha destacado Amnistía Internacional, el estado de emergencia en Francia ha supuesto una vigilancia «desproporcionada» y «discriminatoria» dirigida especialmente hacia la población musulmana.

Por ejemplo, la policía ha registrado propiedades —para lo cual no necesitaban autorización judicial gracias al estado de emergencia— bajo el débil pretexto de «una amenaza a la seguridad nacional», un argumento lejos de la severidad requerida por la normativa penal francesa. También se han cerrado lugares de culto y se han establecido zonas de seguridad en las que los ciudadanos tienen que pasar por controles de identidad y registros.

Fuente: Wikimedia/Elya.

Una herramienta inadecuada

Como escribía en una carta abierta la organización Access Now tras el ataque de Charlie Hebdo, las autoridades francesas han «admitido que tenían inteligencia previa, lo que sugiere que ni fue una vigilancia inadecuada lo que facilitó estos terribles ataques, ni los habría prevenido una vigilancia mayor». Mohammed Abrini, uno de los atacantes identificados en el atentado del aeropuerto de Bruselas, también se encontraba bajo vigilancia policial en el momento del ataque.

Como apuntó EDRi, la vigilancia masiva probablemente no sea una herramienta adecuada para prevenir el terrorismo. Los ataques de noviembre de 2015 en París se coordinaron a través de mensajes de texto, aunque las autoridades francesas ya tenían la posibilidad de interceptarlos legalmente. De igual manera, el terrorismo fue utilizado en el Reino Unido como la razón para aprobar la ley de Poderes de Investigación —la llamada Carta de los Fisgones— en 2016, que otorgaba a la autoridades el poder de reclamar a los proveedores de telecomunicaciones el descifrado de datos, tales como emails o llamadas, y de servicios que utilizan cifrado de extremo a extremo, como Whatsapp.

La ciudadanía se paraliza ante eventos impactantes. Es entonces cuando es posible sacar adelante cualquier política (Diego Naranjo, EDRi)

Ya en 2013, tras la publicación de los documentos filtrados por Edward Snowden sobre las prácticas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional americana (NSA, por sus siglas en inglés), tomó lugar una de las mayores muestras de rechazo de este fenómeno. El conocimiento de estas prácticas, tales como la colaboración entre la NSA y las compañías de redes sociales, empujaron al público general a pensar por primera vez en la protección de sus datos en la era digital.

Pero gran parte de la atmósfera crítica surgida de las filtraciones, así como el interés mediático que despertaron, fue desapareciendo tras los ataques de Charlie Hebdo en enero de 2015. Por ejemplo, el Servicio Federal de Inteligencia alemán (el Bundesnachrichtendienst o BND) había estado bajo investigación parlamentaria desde 2014 debido a las acusaciones del propio Snowden de que había espiado a compañías y empresarios alemanes para la NSA americana. Sin embargo, cuando se publicó, en verano de 2017, el informe final del comité investigador, casi no tuvo repercusión. La atmósfera en el país había cambiado; meses antes, en diciembre de 2016, había tenido lugar otro ataque terrorista en un mercadillo navideño en la zona oeste de Berlín. En una encuesta nacional elaborada a comienzos de 2017, el 79 por ciento de los alemanes decían que querían más videovigilancia para sentirse más seguros.

El terrorismo ha generado una casi total ausencia de crítica hacia la vigilancia, afirma Naranjo: «La ciudadanía se paraliza ante eventos impactantes. Es entonces cuando es posible sacar adelante cualquier política. Para nosotros, han supuesto una gran dificultad para movilizar a la gente por una mejor protección de su privacidad».

 

Un mayor control democrático

Una excepción a esta ausencia de crítica se ha dado en los Países Bajos. Un proyecto de ley del pasado noviembre fue recibido con la aparición de una importante campaña estudiantil que invitaba a los holandeses a reflexionar sobre su contenido, que incluía la intercepción masiva de las comunicaciones. En marzo, una estrecha mayoría votó en su contra en un referéndum nacional. Las autoridades han prometido tener en cuenta el resultado de la votación y modificar algunas partes de la ley.

Desde la perspectiva de la protección ciudadana, el control democrático de las autoridades de vigilancia y de sus prácticas es clave. La mayoría de los países de la Unión Europea requieren que sus servicios de inteligencia o cualquier organismo encargado de vigilar a civiles (esto es, aquellos que no son objetivos militares) informen de sus actividades a comités parlamentarios o a cuerpos judiciales nacionales. Contar con otros organismos democráticos para controlar exactamente qué medidas se implementan y cómo se selecciona a los vigilados contribuiría a garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, decía un informe del Parlamento Europeo.

Pero algunos países que cambiaron su legislación después de 2015 no han llegado a incluir siquiera la supervisión judicial. La agencia de inteligencia austriaca BVT solo informa a un subcomité parlamentario cerrado, y en Bélgica el primer ministro puede aprobar prácticas de vigilancia extremas sin consultar a otros cuerpos. En Polonia, a su vez, los inmigrantes residentes pueden ser sujeto de vigilancia directa durante tres meses sin necesidad de informar a un juez.

A medida que cambian los actores políticos, poderes que en su día eran manejados con cuidado pueden volverse devastadores

En ocasiones, la supervisión democrática ha sido invalidada por la implementación de un estado de emergencia, como fue el caso de Francia o es el caso de Hungría. En este último, una ley aprobada en julio de 2016 agilizaba la implementación de un estado de emergencia, para lo cual, en una supuesta «situación de amenaza terrorista», las autoridades solo tendrían que «informar al presidente y a cualquier comité parlamentario relevante». Algo similar ocurría a lo que ocurría en Francia.

En algunos países, al menos, los ciudadanos también pueden enviar sus quejas a un relator especial, como el Defensor de los Derechos de Francia, o a un responsable de protección de datos. Algunos casos de vigilancia han llegado a los altos tribunales nacionales o internacionales; por ejemplo, en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la ley de vigilancia del Reino Unido iba en contra de la legislación europea debido a la prevista recolección masiva e indiscriminada de los datos de los ciudadanos británicos.

Estos cambios en la legislación de vigilancia europea deben ser analizados conforme al contexto político del continente. Como destacaba Amnistía Internacional en su exhaustivo informe Peligrosamente Desproporcionado:

«Habida cuenta del estado febril de la política europea, los electores deben ser extremadamente cautelosos respecto de la serie de poderes y el grado de control sobre sus vidas que están dispuestos a entregar a sus gobiernos. El auge de los partidos nacionalistas de extrema derecha, la hostilidad contra los refugiados, los estereotipos y la discriminación contra las personas y las comunidades musulmanas, la intolerancia hacia otras formas de hablar y de expresión, implican el riesgo de que esos poderes excepcionales apunten a ciertas personas por razones que no tienen nada que ver con una amenaza real a la seguridad nacional o con actos relacionados con el terrorismo».

Es decir: a medida que cambian los actores políticos, poderes que en su día eran manejados con cuidado pueden volverse rápidamente devastadores.

 

Si quieres conocer más acerca de la legislación sobre vigilancia de varios países europeos, navega por el siguiente infograma:
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Traducción de Jorge San Vicente. El artículo original fue publicado previamente en el último número de la revista de Are We Europe, de la que somos colaboradores. El gráfico es de Linnéa Svensson.

*Imagen de portada de Siarhei Horbach publicada en Unsplash.